Los problemas que se buscan resolver tienen una larga historia. Hablo de bajos aprendizajes de los alumnos; subsistencia de un alto número de “escuelas primarias incompletas” y telesecundarias; centralismo; planes de estudio sobrecargados; dominio de la enseñanza tradicional y memorista en las aulas; falta de experimentación pedagógica; ineficacia de la formación inicial y la educación continua de docentes; ausencia de comunidades escolares cimentadas en la cooperación entre maestros; duplicidad y confusión entre la autoridad de los sindicatos y la autoridad educativa; patrimonialismo de las plazas; burocratismo; papel inocuo de la supervisión escolar, ausencia de entrenamiento para directores y supervisores; deficiencias en la gestión descentralizada del sistema; exclusión de los municipios; debilidad de las escuelas; etc.

Sobre estos problemas se cuenta con abundantes evidencias producidas por 20 o 30 años de investigación educativa.

Las anteriores reformas se preocuparon por el sistema de gestión escolar y por modernizar el currículum, la actual, en cambio, tiene un eje distinto: la profesionalización docente.

Esto significa que todos esperamos en este sexenio se cambien los mecanismos de formación inicial de profesores (normales, UPN, universidades), así como las formas de contratación y asignación de plazas, los mecanismos de gratificación al buen desempeño, la actualización y la evaluación de los docentes. Pero eso no debe ser todo. Creo que esta reforma debe aprovecharse para dar cauces nuevos a la evaluación (ampliarla hacia campos como las políticas educativas, el currículum, los programas escolares, las pruebas en el aula, fomentar una “cultura de la evaluación”, etc.) y para que las recomendaciones que surjan de esas evaluaciones sean acatadas (sean “vinculantes”) para las autoridades educativas correspondientes.

En el orden de la gestión debería revisarse cuidadosamente la descentralización del sistema de educación básica (1992) y los ordenamientos institucionales a que dio origen. Aquí hay un nudo de problemas, el principal quizá sea el de asignación de recursos financieros que opera de forma muy desigual entre estados.

Por otro lado, sorprende comprobar que en muchos estados no se produjo –como se esperaba– un acercamiento de la autoridad educativa a las escuelas. Los estados reprodujeron a escala el antiguo centralismo nacional, de tal forma que la autoridad se ubicó en la capital de cada entidad federativa y no se gestó –como sería deseable—una autoridad educativa intermedia, o delegada, a nivel de municipio. En educación –salvo excepciones–el municipio no ha tenido existencia significativa lo cual es un hueco que, necesariamente, debe llenarse.

Finalmente, es de aplaudirse el interés mostrado por las actuales autoridades federales en darle mayor fuerza a las escuelas, que son las células funcionales del sistema, el “espacio principal donde se procesa la educación escolar. Esto significa dar más poder a la base de la pirámide y a los profesores.

Integrante de la Junta de Gobierno del INEE

Pero a juzgar por las recientes declaraciones de los nuevos integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), un grupo de respetables académicos formados en el régimen educativo previo a la reforma de Peña, ésta deberá, como era previsible y en cierto modo normal, superar problemas torales a la hora crucial de la instrumentación.

Para los directores del INEE, cuyo mandato no es ejecutar las políticas públicas, lo que corresponde a la SEP, sino “evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional”, esto supone “definir indicadores”, “identificar y dimensionar los problemas” o “emitir directrices”, todo ello, aclaran, tomando en cuenta “el contexto y las condiciones de trabajo en que se desempeñan los profesores”. Es decir, sugieren quizá que repetirán el mismo enfoque conceptual que, una década atrás, tuvo su primer director, con resultados tan discutibles que ahora se ha tenido necesidad de impulsar una nueva reforma y una nueva ley del INEE, así como designar nuevos miembros.

Si así la concibe, la Junta del INEE está otra vez confundiendo su labor. El INEE no es un centro de investigación que genere papers, ni un despacho de asesoría educativa, ni un servicio de capacitación docente ni una oficina de compensación de disparidades regionales y socioeconómicas.

El sentido de su misión, ahora, es otro: proveer a corto plazo una metodología clara, concreta y práctica mediante la cual se mida a los docentes de manera objetiva, transparente, coherente, estandarizada y eficaz, y, con los resultados que esta evaluación arroje, facilitar a la autoridad competente decidir quién entra y quién no a la profesión docente, quién se queda y quién no, quién necesita capacitación y apoyo y quién no. Tan simple como eso.

El Presidente y su gobierno han invertido un capital político muy importante en esta reforma como para que quienes tienen la responsabilidad de ejecutar una parte de ella piensen que su tarea sólo es de acompañamiento, que habrá que medir a los maestros casi con tantos indicadores diferentes como escuelas hay en el país o que haya evaluación pero no consecuencias. Eso suena engañoso y los legisladores deben asegurarse de que tanto la nueva Ley del INEE como la del Servicio Profesional Docente sirvan efectivamente para su finalidad esencial: seleccionar a los mejores.

En educación, y en muchas cosas más, hay que tener precaución porque haciendo lo mismo no debemos esperar resultados distintos.

og1956@gmail.com

Un tribunal colegiado desechó por extemporáneos 13 recursos de impugnación con los que la Secretaría de Educación Pública (SEP) pretendía cancelar las suspensiones provisionales otorgadas a miles de maestros por tres jueces federales de Puebla para que no sean despedidos en caso de reprobar eventuales evaluaciones relacionadas con la reforma educativa.

Fuentes del Poder Judicial federal precisaron que fue el segundo tribunal colegiado auxiliar de la segunda región, también con sede en Puebla, el que desechó los recursos de queja de la SEP, por lo cual quedaron firmes las suspensiones que amparan a miles de maestros.

Las fuentes consultadas explicaron que la SEP tenía de plazo el último minuto del 22 de abril para presentar los recursos, debido a que el plazo legal para hacerlo es de 24 horas a partir de la notificación que dieron los jueces a la secretaría cuando concedieron las suspensiones.

Fue error de cómputo: SEP

Por la tarde, el departamento jurídico de la SEP, en una nota aclaratoria, señaló que los recursos de impugnación fueron presentados en tiempo y forma, y que el desechamiento obedeció a un error de cómputo de las autoridades judiciales.

“Nos permitimos precisar que al ser cuestionados funcionarios judiciales del segundo tribual colegiado de circuito del centro auxiliar de la segunda región sobre el desechamiento de los recursos referidos por supuesta extemporaneidad, dichos servidores aceptaron, ante dos representantes de la SEP, que se equivocaron al computar el término legal, al considerar la fecha en que recibieron las quejas respectivas de parte de la oficina de telégrafos de Puebla –el 23 de abril–, y no cuando fueron efectivamente interpuestas ante la oficina telegráfica de la ciudad de México, el 22 de abril”, destacó la SEP.

Las cifras del programa One Hundred Thousand Strong in the Americas, inspirado en una anterior colaboración China-EE UU, son ambiciosas, vistas desde México. El país está en el noveno puesto en envío de universitarios a Estados Unidos. En 2011, solo 13.700 de los estudiantes (de un país de más de 112 millones de habitantes) fueron a centros superiores del otro lado de la frontera. China mandó a 194.000 jóvenes al año. India a 100.000. A México lo supera hasta Corea del Sur, que tiene 48 millones de habitantes y 72.000 estudiando en Estados Unidos, según el Instituto Internacional de Educación (IIE). Canadá, el otro vecino del gigante norteamericano, duplica las cifras de la República Mexicana.

Los vecinos, coinciden los expertos, están tan cerca que se miran poco. La gran mayoría de los mexicanos que se van a estudiar fuera eligen Europa (un 53%), y sobre todo España por la afinidad cultural, las “facilidades económicas” en la enseñanza y la ubicación geográfica, de acuerdo con las encuestas de Patlani México, un comité de expertos que realiza informes independientes sobre movilidad estudiantil.

La presencia de universitarios estadounidenses en México también es mínima, debido sobre todo a la percepción de inseguridad. Solo 4.000 vinieron en el año 2011, según el IIE, un 40% menos que el curso anterior. Ese año, dos alumnos de la Universidad de Texas fueron asesinados al cruzar la frontera hacia su hogar, en la violenta Ciudad Juárez.

“Hay más estadounidenses que quieren ir a Argentina que venir a México”, reconoce Hazel Blackmore, directora de la Comisión México-Estados Unidos (Comexus). “Estamos atrás de países tradicionalmente atractivos para EE UU como Inglaterra, España y Francia, y de China, India, Sudáfrica…”, señala. Otra vez el idilio con el Viejo Continente: según la organización Patlani, la mitad de los universitarios extranjeros de México proviene de Europa.

Cuando se implante -todavía está perfilándose- el plan de Obama tendrá que superar varios obstáculos. Para los mexicanos, el principal es el idioma, dice Hazel Blackmore. “En la educación superior necesitan un buen manejo del inglés, algo que no existe en México, aunque se está intentando subsanar.A partir del año pasado es obligatorio en las escuelas públicas, y universidades como la UNAM o la UAM están empezando a pedir un nivel mínimo a sus estudiantes”, apunta.

El dinero, si hablamos de dos países con niveles de vida dispares, también cuenta, y mucho. “La educación superior en EE UU es costosa, en colegiatura y manutención. La universidad pública en México, en su mayoría, es prácticamente gratuita, y el costo de la vida es más bajo”, apunta Blackmore. Y el sistema, hasta ahora, fomenta que los intercambios sean recíprocos, aunque no hay cifras oficiales ni se sabe con exactitud cómo se pagan. Comexus calcula que más o menos el 30% de los alumnos mexicanos en el extranjero cuenta con algún dinero público. Es el caso de Sebastián Rodríguez, un médico mexicano de 25 años que ha conseguido cuatro fuentes de financiación (incluida la de Comexus) para un posgrado en la Universidad de Harvard. “Mi meta en realidad no era EE UU, pudo haber sido España, Inglaterra o cualquier otro país. Mi verdadera meta era hacer un estudio en el extranjero en el que ganara una nueva visión sobre cómo enfrentar y solucionar los problemas de mi país”, cuenta por correo electrónico.

Del plan de Obama para hacer algo que suena a las becas Erasmus de la Unión Europea no se conocen detalles. Un foro de alto nivel se encargará pronto de contabilizar los acuerdos bilaterales que funcionan y empezará a diseñar el nuevo programa. Tendrá también que concretar cómo afectará el programa a los soñadores (dreamers), jóvenes indocumentados que se encuentran en un limbo legal en EE UU. Y todo mientras Obama se replantea la relación con México. “Los intercambios educativos son bien importantes, pero si quieren que el programa tenga éxito, los dos países tienen que abordar los asuntos más urgentes-como la migración y cuestiones de seguridad-antes que nada. No podemos pensar sobre el intercambio educativo como algo desconectado de los otros temas que enfrentan los dos países”, subraya Adam Goodman, historiador de 31 años que actualmente investiga en el Centro de Investigaciones Sobre América del Norte de la UNAM. Él puntualiza que en DF se siente “igual de seguro que en cualquier ciudad grande del mundo”.

Publicó El País.

“El rompimiento de las pláticas ocurrió poco después de continuar la cuarta sesión resolutiva que pretendía establecer las bases para la instalación de las mesas de diálogo, donde se discutiría la actualización del Plan y Programas de Estudios del CCH”, informó la institución educativa mediante un comunicado.

La UNAM entregó un documento en el que se planeaba la instalación de 13 sesiones con una duración de cuatro horas cada una, y que iniciarían el lunes 20 de mayo y culminarían el 15 de agosto.

“Después de conocer el documento que la Rectoría entregó a los representantes de los ocupantes de la Torre, éstos manifestaron que lo analizarían y pidieron un receso hasta las 17 horas de hoy (jueves 16), para dar una respuesta.

Al reanudarse el encuentro, la comisión de la Rectoría se encontró con la misma intolerancia y pretensión de retardar el inicio del diálogo.

Este grupo no atendió el principio universitario del respeto y decidió, nuevamente, de forma violenta e intimidatoria, terminar con las pláticas”, informó la UNAM.

Para conocer el documento da click aquí.

El problema es que la SEP tenía de las cero a las 24 horas del 22 de abril para presentar los recursos de queja para impugnar las suspensiones, pues el plazo legal es de sólo 24 horas una vez que la autoridad es notificada de la resolución del juez.

Sin embargo, los recursos fueron promovidos hasta el 23 de abril, por lo que 13 de ellos fueron desechados el 2 de mayo por el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar de la Segunda Región, también con sede en Puebla, en sentencias que son las únicas que se han dictado sobre el tema y son inapelables.

“El término de 24 horas para la presentación de este recurso transcurrió de las cero horas del 22 de abril de 2013, y feneció a las 24 horas de ese mismo día; por tanto, si el recurso se presentó a las 15 horas con 30 minutos del 23 del referido mes y año, es incuestionable que se hizo fuera del término”, dice una de las 13 sentencias.

No está claro cuántos maestros serán beneficiados con estos fallos, pues si bien se refieren a sólo 13 amparos, algunas demandas son colectivas y fueron firmadas por cientos de inconformes.

La SEP dejó la presentación de las quejas en la funcionaria de más bajo nivel legalmente facultada para hacerlo, que es la Jefa del Departamento de Amparos, quien actuó en “ausencia” del titular de la SEP, Emilio Chuayffet; del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, César Becker Cuéllar, así como de cinco directores de área y seis subdirectores adscritos a dicha Unidad.

La Presidencia de la República también impugnó las suspensiones, pero en su caso, los recursos fueron desechados porque los mandatos judiciales para no afectar los derechos laborales de los maestros no fueron dirigidos a esa autoridad, sino únicamente a la SEP.

La SEP también presentó quejas contra la admisión a trámite de los amparos, que está en tela de juicio porque se impugna una reforma Constitucional, y la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que este tipo de amparos son improcedentes.

En ese caso, las quejas sí fueron presentadas a tiempo, pues el plazo para hacerlo era de tres días, pero los tribunales colegiados que las analizan aún no han dictado sentencia.

Los amparos presentados a partir del 3 de abril han sido desechados por los tres jueces de distrito encargadas, pues en esa fecha entró en vigor la nueva Ley de Amparo que expresamente prohíbe este recurso para impugnar reformas a la Constitución, y los maestros afectados también han promovido recursos de queja contra estas resoluciones.

Publicó Reforma.

En un mensaje enviado a los académicos universitarios, con motivo del Día del Maestro, el responsable de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , agregó que para vivir en libertad y en democracia, hoy día se requiere de la instrucción.

“Soy uno de los muchos que creen en la educación, pues el verdadero desarrollo humano sólo se alcanzará con una enseñanza de calidad, los niveles y para todos” , sostuvo.

Consideró que la educación ha sido el acelerador de la evolución, el amplificador de la biología y de las capacidades humanas, el decodificador de la herencia colectiva.

Se trata de uno de los mayores logros en la historia de la humanidad, “sin ella, viviríamos en el pasado” , puntualizó en su mensaje a los profesores de la máxima casa de estudios del país.

Publicó El Universal.

Dijo que los retos en educación inicial y prescolar aun son muy grandes en cuanto a oferta y calidad de servicios, lo que se puede comprobar con la cifras del censo 2010, que muestran que 45 por ciento de niños y niñas de entre tres y cinco años están fuera de la escuela.

Al participar en la firma del convenio de cooperación titulado Por la construcción de ciudadanía desde la niñez, con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Crowley recordó que los derechos de la infancia abarcan un amplio espectro en temas, son independientes e invisibles, su cumplimiento debe ser universal y equitativo por lo que todos los sectores del Estado y de la sociedad están obligados a diseñar e implementar acciones que contribuyan a su pleno ejercicio.

Acompañado la directora general del Conafe, Carolina Viggiano, y el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, comentó que con la firma se formaliza el esfuerzo de colaboración entre ambas instituciones para trabajar conjuntamente a favor de la inclusión y la calidad de la infancia y de los adolescentes del país.

Por su parte, el titular de la CNDH, Raúl Plascencia, indicó que para la comisión que él preside la niñez es una prioridad, porque a pesar de tener derechos reconocidos sigue expuesta a múltiples riesgos que la alejan de disfrutar una infancia tranquila y pone en peligro su desarrollo físico, mental y moral.

Comentó que los menores de edad en México son blanco fácil de la trata de personas, migración y violencia familiar, social y escolar, que deviene en una grave problemática multifactorial. El futuro de la sociedad depende, dijo, en buena medida, de la formación ética de la niñez.

El ombudsman nacional reconoció que es fundamental que sociedad, autoridades y organismos internacionales unan esfuerzos y capacidades para preservar la integridad personal, la seguridad y el pleno ejercicio de los derechos humanos de la niñez mexicana.

Hizo hincapié en que resulta inaceptable toda forma de violencia contra la niñez y que como país libre y democrático tenemos la obligación de erradicar la impunidad y hacer que prevalezca el respeto a los derechos humanos de los niños.

Destacó que la niñez indígena de nuestro país merece atención especial, dado que constituye uno de los sectores más vulnerables por vivir en comunidades con altos índices de pobreza, marginación y discriminación. Es en los niños indígenas, dijo, donde tenemos uno de los menores grados de cumplimento de los derechos humanos.

La directora del Conafe destacó a la Unicef como un organismo internacional con más experiencia en políticas de infancia, que cuenta con amplias posibilidades de intervención para impulsar una cultura de protección de derechos y formación de ciudadanía a escala local, regional y nacional.

Publicó La Jornada.

Francisco Bravo, secretario general de la sección 9 del SNTE, del Distrito Federal, aseguró que el aumento “no cubre en nada el poder adquisitivo que hemos perdido en años recientes. Sólo si se consideran los gasolinazos y la carestía de los alimentos, el alza salarial no alcanza, y también nos habla de la pobre interlocución de la cúpula elbista, porque Elba Esther (Gordillo Morales) está en la cárcel, pero su grupo sigue manejando a su antojo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)”.

Recordó que en la reunión de ayer con integrantes del Pacto por México, en el que participan líderes partidistas y funcionarios federales, expusieron ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que no es posible seguir encubriendo a dirigentes sindicales corruptos y que la aplicación de la ley esté sujeta a si me sirven o no políticamente, como es el caso de Díaz de la Torre.

Subrayó que en el Día del Maestro siguen reivindicando a miles de docentes que realizan un “trabajo digno y diario brindan su mejor esfuerzo para sacar adelante su labor, a pesar de los múltiples obstáculos que existen en el país.

Queremos recordar al maestro que sin drenaje, luz, mesabancos y a veces sin techo sigue realizando sus funciones.

Juan José Ortega Madrigal, dirigente de la sección 18 de Michoacán, consideró que aprobar un incremento de 3.9 por ciento para los 800 mil profesores de educación básica es un entreguismo de la cúpula sindical charra, pues no alcanza para comprar ni un boleto del Metro, cuando hay miles de maestros que caminan horas para llegar a sus escuelas.

Consideró que se trata de un nuevo golpe a la precaria situación salarial del magisterio, pues la decisión de la dirigencia del SNTE justifica la permanencia de Juan Díaz en el espacio que quedó después de la detención de Elba Esther. El gobierno federal lo reconoce como interlocutor formal con la condición de imponer la reforma educativa, el aumento salarial y detener el movimiento magisterial.

Publicó La Jornada.

Tras explicar que por ello firmaron un convenio con UNICEF, a fin de construir ciudadanía en la niñez, la funcionario señaló que un niño que nació y creció sus primeros cuatro años de vida sin amor, ya no será fácil que adquiera esas emociones, porque el 80 por ciento de su cerebro se desarrolló con esas carencias.

“Un niño, un joven que no fue educado con estimulación temprana, con amor, que no fue educado en un entorno saludable, es muy difícil que pueda en un futuro tener esa capacidad de distinguir, incluso de sentir distintas emociones. El cerebro es la etapa en la que alcanza su mayor desarrollo y si no lo tiene, será más difícil cuando sea grande”, apuntó.

En ese sentido, consideró que el convenio firmado con UNICEF busca que los padres sepan que desde que nacen es necesario que los niños adquieran la cultura de la legalidad, porque de eso dependerá que tengan un futuro alentador o uno que lo orille a la delincuencia.

Al respecto, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, señaló que los delincuentes tuvieron una familia, pero en su formación “desviaron el camino en algún momento” y eso les cambió el destino.

Publicó Excélsior.