Válek Rendón y Luis Manuel Mendoza

Ruth Yoselin Sandi Luna, maestra de Educación Física, es una de al menos 7 personas acusadas de pederastia en un kinder de la delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal. Hasta el momento se encuentra prófuga de la justicia.

El caso del kinder Andrés Oscoy Rodríguez comenzó con la detención de Saúl Blancas Tamayo el 11 de junio de 2011 y antes de cumplir un año en prisión, seis más de sus cómplices y ejecutores, todos trabajadores de la educación dentro del mismo plantel, fueron consignados. Sólo la maestra de Educación Física, acusada por varios de los pequeños, no ha logrado ser detenida.

En mayo pasado, se detuvo a Martha Leticia Hernández Pastor, conserje, y Daniel Aníbal Silva Coria, asistente de educación física.

Hernández y Silva se suman los ya detenidos: Saúl Blancas Tamayo, conserje; José Rosario Reyna Sandoval, conserje; María de la Luz Cano Martínez, directora del jardín de niños; y Sergio Osvaldo Rodríguez Bolaños, asistente de Educación Física.

Con esto son ya siete personas que trabajaban en ese jardín de niños en el primer trimestre del 2011, fecha en la que todavía se cometían los delitos; el plantel tenía un total de 21 trabajadores.

Diversas declaraciones de niños afectados permitieron establecer que más personas adscritas al kínder ubicado en Iztapalapa, Distrito Federal, estuvieron involucradas en los abusos sexuales contra menores.

Los delitos por los que se realizaron las nuevas consignaciones son: violación equiparada, violación equiparada agravada, abuso sexual agravado, corrupción de menores y pederastia.

De acuerdo con los testimonios de los niños afectados, los miembros este grupo criminal abusaban cuando los pequeños iban al baño e incluso a algunos les tomaban fotografías.

Estado y SNTE, corresponsables: ODI

La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), encargada de representar a casi el 30 por ciento de los niños afectados, presentó una denuncia que vincula al Estado mexicano y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) como “obligados solidarios” a reparar los daños causados a los niños.

Además de la representación jurídica de 29 familias, la ODI ofrece apoyo psicológico a los mejores y ha logrado la protección total de los pequeños en sus derechos fundamentales.

La Jueza Séptimo de Distrito de Proceso Penales Federales en el Distrito Federal, Martha Estrever Escamilla, admitió la denuncia presentada, pero la SEP pidió a la Jueza que dicha vinculación se declare “improcedente”, pues aseguró que no se ha comprobado que los ahora consignados llevaron a cabo “una conducta ilícita, ni mucho menos demuestra que ésta produjo directamente un daño”, esto a pesar de las declaraciones de varios niños y los peritajes que confirman los hechos.

Tal postura, firmada por el subdirector de Procesos Jurídicos de la SEP, Enrique Díaz Palacios, añade que para obligar a la Secretaría a la reparación del daño primero debe ser escuchada y “vencida” en juicio.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no se ha pronunciado en torno al tema, no obstante que todos los empleados o trabajadores de las escuelas en la capital son contratados a través del sindicato.

Sin embargo, la entonces directora del plantel, María de la Luz Cano Rodríguez -actualmente detenida- recibió su jubilación a tan sólo 5 días de haber sido detenido el primer acusado, en un proceso –el de jubilación-, que habría tardado ante la burocracia sindical al menos un mes.

En total, 29 familias han denunciado estas agresiones; sin embargo, existen indicios que el número de víctimas pudiera ser mayor.