En los últimos días hemos sido testigos de un nuevo conflicto al interior de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el cual ha llevado a diversos sectores de la comunidad a tomar varias instalaciones, suspendiendo así las actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura.

En esta ocasión, el conflicto se enmarca en el proceso electoral para renovar a los miembros de su tercer Consejo Universitario. El motivo de la protesta, las movilizaciones y paro o huelga en algunas instalaciones, se debe a que un sector de la comunidad considera que la resolución de su Colegio Electoral, para no otorgarle el nombramiento de consejeros a varios estudiantes que habían ganado la elección en sus comunidades, se trata de un acto arbitrario, ilegal, y en el fondo político, para favorecer, se dice, el nombramiento de consejeros cercanos e incondicionales a la Rectoría.

Por su parte, el Colegio Electoral, el nuevo Consejo Universitario que recién se instaló y la propia Rectoría, consideran que actuaron de acuerdo a la legalidad, y que si decidió no otorgarle el nombramiento definitivo a varios consejeros se debió a que incumplieron varias de la reglas establecidas en la convocatoria para la elección de consejeros. De tal manera que existe una clara confrontación entre un sector de la comunidad que considera que sus derechos han sido violentados por el Consejo y la Rectoría, y otro sector que aprecia que se actuó siempre conforme a la legalidad establecida en la propia institución, así como en las reglas que estableció el Colegio Electoral.

El conflicto se ha visto agudizado por los pronunciamientos del Partido del Trabajo que ha solicitado la intervención del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, para que solucione el problema, lo que a su vez ha generado rechazos generalizados de la comunidad, porque eso significaría, y con razón, la violación a la autonomía universitaria. De igual forma, la presencia de “organizaciones” externas a la UACM que han iniciado varias acciones violentas para recuperar algunas de las instalaciones, ayuda poco para propiciar un ambiente político institucional que favorezca abrir los cauces necesarios para resolver el conflicto entre la propia comunidad universitaria.

No se puede dejar de considerar que el conflicto que tiene paralizada a la UACM, se enmarca también en un contexto político que tiene sus antecedentes desde que la actual Rectora, la Dra. Esther Orozco, que a un año de su gestión, en el 2011, hizo severas y profundas críticas públicas hacia la propia UACM, y convocó a la comunidad a impulsar varias reformas. Las reacciones no se hicieron esperar por diversos sectores de la comunidad, incluido su primer rector, el Maestro Manuel Pérez Rocha, lo que propició un movimiento que exigió la renuncia de la Rectora. Las aguas se apaciguaron en aquel momento, pero lo cierto es que la Dra. Orozco no goza desde entonces del consenso y reconocimiento de diversos sectores de su comunidad. Motivo por el cual, cualquier pretexto es usado por sus opositores para volver a insistir en su salida de la institución.

Si a ello agregamos la información que ha circulado en la prensa nacional relativa a los peritajes en sicología que efectuó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a estudiantes de la UACM, mismos que revelaron en algunos de ellos “afectaciones emocionales” derivadas de las declaraciones que hizo la rectora en abril de 2011, en la que descalifica el desempeño académico de los alumnos y se refiere a la casa de estudios como un “fraude educativo”, está claro que el problema está adquiriendo dimensiones preocupantes.

¿Existe una instancia de la universidad que pueda contribuir y dar salida al conflicto actual? Lamentablemente no se vislumbra, debido a que la primera y última instancia para dirimir conflictos de su comunidad es el Consejo Universitario, órgano de la universidad que es actualmente cuestionado, y que además es el mismo que tiene la facultad de nombrar y remover a su rector o rectora. El asunto no es nada fácil. Serio problema de la estructura de gobernabilidad de la UACM que depositó en un mismo órgano colegiado demasiadas atribuciones legislativas, académicas y políticas. Como lo he comentado en otras entregas, uno de los problemas de fondo de la UACM es que sigue sin contar con una amplia legislación que le permita afrontar su presente y su futuro, esto es carece de una estructura de gobernabilidad donde de manera razonada, equilibrada y con contrapesos institucionales formales, se diriman las diferencias de su comunidad con reglas claras para todos.

Ante esta realidad, parece que el único camino posible para resolver el conflicto consiste en llegar a un acuerdo político, con el riesgo de eventualmente contravenir las pocas disposiciones jurídicas con las que cuenta la UCM, lo que puede significar un precedente funesto para la universidad, lo cual debe considerar la Dra. Orozco y sus colaboradores, para que en el ánimo de lograr que la UACM recupere su vida académica regular, no se exponga el futuro institucional al dominio y control del que más proteste, se mueva o grite.

* Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana.