Educadores, humanistas y políticos democráticos han imaginado sociedades justas y libres, donde convivan personas en igualdad de condiciones a pesar de la diversidad social. Ellos conciben a la educación como un derecho fundamental y una de las bases de la democracia. El propósito principal de los sistemas educativos, conforme a esta visión, es fortalecer la inclusión social sin diferencias de clase, raza, religión (o creencia) y género; la única distinción válida entre las personas conforme a la equidad y la moral serían las habilidades personales.

No obstante, esos educadores piensan que hay límites estructurales heredados del desarrollo histórico o producto de políticas erráticas de los gobiernos. En la educación superior, en particular, reconocen que es imposible ofrecer educación a todos quienes la soliciten.

En estas semanas leemos que hay más de medio millón de “rechazados” de las universidades públicas, siendo la UNAM, el IPN y la UAM, las instituciones campeonas en excluir al mayor número de aspirantes. La mayoría de los no aceptados buscan ingresar a las carreras con más demanda popular, como derecho, medicina, administración, informática, arquitectura y diversas ramas de la ingeniería.

En las manifestaciones callejeras y en ciertas columnas periodísticas se guarda la corrección política y se aboga, sin mayor juicio, en favor de los “rechazados”. Los críticos aspiran a una especie de república de los iguales donde todo el mundo, de manera independiente de sus talentos, habilidades y conocimientos, deba tener un lugar en la universidad pública. Además, presumo, en la escuela y carrera que ellos elijan.

Eso, a simple vista, es imposible —y antidemocrático, además—, no sólo por falta de cupo sino por la saturación de las profesiones y la incapacidad de la economía de ofrecer un puesto de trabajo a todos los egresados (Cf. Excélsior, 30 de julio). Cierto, debido al desarrollo histórico de México, la imaginación popular otorga un estatus elevado a esas carreras y las familias desean que sus vástagos “sean profesionistas”. Por eso la demanda de ingreso es tan numerosa.

Empero, si el gobierno y las universidades hicieran caso a esa reclamación, tendríamos instituciones más grandes, gigantescas, enmarañadas, sin capacidad de administración racional, plagadas de embotellamientos burocráticos y conflictos políticos al por mayor. Asimismo, la calidad de la educación sería aún más baja.

Bien visto el asunto, en realidad no hay tanto “rechazado”. Hay fallas estructurales severas; no obstante, hay otras oportunidades. Sería más irresponsable un gobierno que permitiera un ingreso irrestricto a profesiones cuyo mercado está más que saturado. A pesar de que pueda parecer reaccionario, pienso que hay cierto grado de responsabilidad gubernamental. Desde los años 90, tanto gobiernos del PRI como del PAN han desarrollado una sólida oferta de educación tecnológica con variantes interesantes, más ligadas al desarrollo económico.

Pero una porción de la demanda popular rechaza esas opciones por el prestigio de las viejas profesiones y una parte de la inteliguentsia las denuesta por “tecnocráticas y responder a las encomiendas de la economía neoliberal”.

Los diferentes gobiernos han tenido la capacidad política de crear una oferta nueva, moderna, diversa y acorde a los tiempos que se viven (incluidas universidades interculturales y la universidad abierta y a distancia), que contienen ciertos rasgos de inclusión social y democratización. Pero no ha tenido la capacidad de convencer a la sociedad de que la educación tecnológica, además de necesaria para el país, también puede crecer en prestigio social.

Estamos lejos de vivir en una sociedad donde se conviva en libertad e igualdad de condiciones y el derecho a la educación sea una realidad. Al contrario, ese derecho se vulnera en la educación básica por la relación “atípica” de subordinación de los gobiernos federal y estatales a los requerimientos de la camarilla que gobierna en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

En la educación superior tampoco se vive en circunstancias de justicia, libertad y un tejido social armónico conforme a aspiraciones democráticas. Pero si se aceptara a todos los “rechazados” estaríamos peor.

                *Académico de la UAM

                Carlos.Ornelas10@gmail.com

Artículo publicado en el diario Excelsior.