La baja participación de los profesores en la prueba de la evaluación universal se debió a que no se contempló a los maestros para elaborar este diagnóstico, no fueron consultados para establecer la fecha de aplicación, y tampoco se informó a tiempo sobre qué haría la autoridad educativa con los resultados, coincidieron especialistas.

Entrevistados por separado, académicos de nuestro país afirmaron que la prueba se aplicó en un contexto donde había documentos de organismos internacionales que recomendaban despedir a los maestros con baja calificación y el examen se realizó en el último día laboral del ciclo escolar, mismo que los docentes ocupan para entregar las evaluaciones de sus alumnos.

Hugo Aboites, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señaló que el examen de Preparación Profesional fracasó en su convocatoria porqué había pruebas de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) había recomendado a nuestro país despedir maestros.

En este sentido, el que la Secretaría de Educación Pública (SEP) haya decidido que la presentación de esta prueba fuera voluntaria, debilitó la convocatoria; pero esto se dio como consecuencia de la presión de los maestros miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), consideró Aboites.

Entrevistado por separado, el académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Eduardo Andere, consideró que la falta de participación de los maestros pudo tener sus causas tanto en el desconocimiento de los maestros sobre como iba a ocupar la SEP los resultados de la prueba, así como por su negativa a ser evaluados de una forma estandarizada.

Para el académico, la evaluación universal no tiene el objetivo de mejorar la calidad educativa del país, más bien fue realizada con el propósito de “utilizar instrumentos educativos con fines políticos”; decir que esta política educativa pretende mejorar la educación en México es una afirmación que pertenece al terreno exclusivo de la retórica, sentenció.

Del mismo modo, Hugo Aboites, señaló que el presupuesto destinado para la capacitación docente (500 pesos por mentor) es un reflejo de que la intención de la SEP no es justamente fortalecer las debilidades de los maestros, sino –a recomendación de la OCDE- identificarlos para un eventual despido.

En la posición de los docentes, el dirigente de la sección 9 (DF) de la CNTE, Nicolás Bravo, confrontó la cifra de 51 por ciento que la SEP dio a conocer sobre la participación de los docentes en la capital del país. Según el líder sindical el dato pertenece al padrón inscrito para presentar la prueba, pero el cálculo de la sección es más bien de una participación cercana al 15 por ciento.

“Cuando las cosas se imponen, se tratan de definir desde un escritorio; (si) no hay consensos y se excluye la voz de los maestros, de los alumnos, de los padres de familia, pues sucede esto; no es que los maestros no queramos evaluarnos porque eso lo hacemos constantemente, lo que queremos es sencillamente otro tipo de evaluación”, concluyó Nicolás Bravo.