El Congreso General Universitario de la UACM: momento de definiciones

La vida académica y administrativa de la UACM está sujeta a las negociaciones políticas, académicas y administrativas.

Atentos y concentrados en darle seguimiento a las movilizaciones estudiantiles de los universitarios, el #YoSoy132, en el contexto de la sucesión presidencial, los medios de comunicación, tanto las televisoras como la radio y la prensa, no han prestado atención a la celebración del Congreso General Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), convocado por su Consejo Universitario hacia su comunidad: estudiantes, académicos, trabajadores administrativos y autoridades.

El Congreso se viene realizando desde mediados del mes de mayo en su segunda fase, y del 11 al 15 de junio se llevará a cabo lo que denominan la Semana Cumbre del Congreso, y cuyos objetivos son dar cuenta de los procesos y resultados de las distintas mesas de trabajo que se celebraron en los diferentes planteles o sedes; discutir los acuerdos, consensos y disensos emanados de las discusiones de esas mesas, a fin de arribar a los resolutivos generales sobre lo que deberá ser la estructura académica y administrativa que mejor convenga a los fines de la universidad, así como la forma en que el personal académico debe organizarse para la docencia y la investigación, e igualmente qué órganos tomarán las decisiones académicas que vayan configurando el perfil de la universidad.

Las distintas temáticas que están siendo abordadas en el Congreso, y las resoluciones a las que lleguen, son de nodal relevancia para el presente y futuro de una universidad que cumplió once años de haber sido fundada, y que en enero del 2005 obtuvo su autonomía que le otorgó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En este Congreso se está jugando el modelo de organización académica y administrativa de la primera universidad pública emanada de un gobierno de izquierda en la ciudad de México.

El contexto político interno en el que se desarrolla el Congreso no es del todo terso, debido a los cuestionamientos y críticas que ha recibido la actual rectora por diversos sectores de su comunidad, la Dra. Esther Orozco, quien en el 2011, a un año de su gestión, hizo severas y profundas críticas públicas hacia la propia UACM. En sus propias palabras, la Dra. Orozco declaró: “Yo no digo que la universidad sea un fraude, porque es un gran proyecto, lo que es un fraude es lo que se ha venido haciendo, porque no se da formación a los estudiantes (…) no existe la reglamentación, la toma de decisiones es muy lenta. Todo se dilata, no hay estructura, es un pantano donde si te mueves, te hundes”.

Críticas que llevaron al propio rector fundador, el reconocido Mtro. Manuel Pérez Rocha, a cuestionar las declaraciones de su sucesora, afirmando que la Dra. Esther Orozco había ocasionado “un daño irreparable a la institución” al hacer acusaciones públicas, “generales y abstractas”, sin fundamento contra estudiantes y profesores.

Pero, más allá de la opinión que uno puede tener sobre las declaraciones y pronunciamientos, así como del diagnóstico público que sobre la UACM realizó la rectora, y las reacciones que provinieron del Mtro. Pérez Rocha, de estudiantes, académicos y trabajadores de la propia universidad, lo cierto es que a un poco más de una década de haber sido creada la institución, es asombroso que la universidad no cuente con un corpus legislativo amplio y detallado, mismo que le de soporte y certidumbre sobre su estructura y organización académica y administrativa, lo que a su vez le permita cumplir a plenitud con sus objetivos establecidos en la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

De hecho, la UACM sólo cuenta con tres instrumentos jurídicos que norman su vida interna, a saber: la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Estatuto General Orgánico y el Contrato Colectivo de trabajo. La primera emitida como ya lo señalé por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el tercero signado entre la rectoría y el Sindicato Único de Trabajadores de la UACM, mientras que el segundo, el Estatuto General Orgánico, es el único instrumento legislativo que ha emanado de su propio Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la institución.

La ausencia de una legislación universitaria amplia, como por ejemplo, reglamentos de sus órganos colegiados, reglamento de planeación y presupuesto, reglamento de ingreso promoción y permanencia del personal académico, reglamento de estudios superiores, reglamento de alumnos, reglamento de servicio social, entre otros, no permite que la gobernabilidad y conducción institucional se realice con eficiencia, eficacia y transparencia, como debería de esperarse de una institución de educación superior que pretende ser un modelo de universidad pública distinta a las existentes en México.

De tal forma que la vida académica y administrativa de la UACM está sujeta, con mucha frecuencia, a las negociaciones políticas, académicas y administrativas de distinta naturaleza que se dan entre los diversos sectores que componen su comunidad, lo que genera tensiones internas, un desperdicio de recursos humanos y financieros enorme, así como un desgaste permanente entre sus miembros, lo que no contribuye a su propio desarrollo y consolidación.

Ojalá que los resolutivos a los que llegue la Semana Cumbre del Congreso de la UACM sean, en efecto, eso: la cumbre de un largo proceso de reflexión y toma de decisiones que permita a la universidad dotarse a sí misma de una estructura académica y administrativa sólida y definitiva, al igual que formular sus políticas académicas, de investigación, de extensión y difusión del conocimiento y de la cultura. Enhorabuena.

*Investigador de la UAM.

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