Teoría y práctica
Miércoles 21 de septiembre de 2011
Por Carlos Ornelas
En uno de sus trabajos clásicos, el filósofo de la educación Jerome Bruner sentenció: “Una teoría de la instrucción es una teoría política en el sentido de que se deriva del consenso que se refiere a la distribución del poder dentro de la sociedad: a quién se educará y para cumplir qué roles” (Cf. La importancia de la educación, Barcelona, Paidós, 1987: 112). De acuerdo con Bruner, una teoría pedagógica difiere de las teorías científicas convencionales porque es bastante menos neutral; la teoría de la educación se preocupa por los fines, los procesos y el contexto social en que, se supone, la teoría debe transitar.
Si es correcto que una teoría funciona bien cuando concuerda con su práctica, entonces en México andamos mal. Si se revisan las premisas básicas de lo que se pudiera considerar la teoría educativa oficial del Estado mexicano, estamos lejos de la concordancia entre la teoría y la práctica.
Si uno se toma en serio las palabras del texto constitucional, se pudiera decir que el artículo tercero guarda la suma de la filosofía educativa mexicana en términos de una teoría política, como la definió Bruner. Los fines son claros: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación” (principio de equidad). “La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano” (factor de calidad)”. Impulsará la libertad de creencias y será democrática, además de otros valores del mismo calibre.
Pocos se oponen a tales preceptos; en apariencia resumen un consenso social; además, con una virtud: esa teoría se plasma en normas, es el derecho a la educación. Esos son los fines, educar a todos para vivir en libertad y democracia; no obstante, los procesos marchan por camino distinto.
No basta con que el Estado ofrezca la oportunidad a (casi)todos de asistir a la escuela obligatoria; en el trayecto, una buena parte de los estudiantes se rezagan, otros desertan y a otros la escuela los expulsa. Si bien es cierto que los índices de reprobación y la deserción en la educación básica han disminuido (a veces en forma artificial y más ahora con el pase automático) desde comienzos de los años de 1990, no se puede retener en la escuela a buena parte del estudiantado y menos lograr que todos asimilen lo que se supone que deben aprender. La equidad en la educación es una quimera.
¿Qué de la calidad? Todas las evaluaciones sobre el aprendizaje de los estudiantes arrojan resultados decepcionantes; lo mismo que las valoraciones de corte cualitativo sobre procesos, programas y la administración muestran más fallas que aciertos.
Nadie en su sano juicio puede asegurar que la educación mexicana eduque para la libertad y la democracia. No fomenta que los estudiantes adquieran hábitos de razonamiento que impulsen el pensamiento independiente, el juicio crítico o que interioricen en valores de convivencia, respeto mutuo o que los induzcan a cumplir con obligaciones y a ejercer sus derechos.
Por el contrario, la práctica de la escuela contradice los fines constitucionales, las bases de la teoría educativa. La instrucción es rígida, rutinaria, llena de símbolos autoritarios y procedimientos absorbentes. Con normas secundarias que otorgan a la burocracia un monopolio y control casi absoluto del proceso educativo.
La burocracia, junto con los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, hacen hasta lo imposible para excluir a los padres de familia y otros actores sociales de las decisiones políticas y hasta de las escuelas.
Lo más grave, el contexto externo favorece que las cosas sigan como van. Las instituciones del Estado facilitan la defensa de lo existente y la sociedad tolera que así sea. Cierto, soplan vientos de cambio desde ciertas organizaciones sociales y de nuevos disidentes del SNTE, pero su peso político es todavía pequeño.
Los partidos políticos, los poderes del Estado y los personeros del gobierno, al parecer, se conforman con lo que existe, “es lo que se puede hacer, lo dicta la realidad”, justifica el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, cuando elogia la Alianza por la Calidad de la Educación, el pacto Calderón-Gordillo.
De poco vale tener planteamientos elevados en teoría y en normas cuando la práctica escolar y el contexto político los niegan día con día.
*Académico de la UAM
Artículo publicado en el periódico Excelsior
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