Lunes 14 de febrero de 2011

Por Elba Esther Gordillo

Todo sistema supone la articulación de principios, reglas, procedimientos e instituciones, armonizados funcionalmente para conseguir fines colectivos determinados. Bajo esta definición fue que se construyó, o mejor dicho, se ha venido construyendo el sistema educativo nacional desde las primeras décadas del siglo pasado, cuando se sustituyó la política educativa del régimen porfirista por la visión federalista nacida con la revolución.

Nunca antes el Estado nacional había concebido la educación como un patrimonio de todos los mexicanos el cual debía tutelarse, salvo en 1833, cuando Don Valentín Gómez Farías le quitó al clero el control de las escuelas urbanas para incorporarlas al Estado.

Lo primero que tuvo que hacer el incipiente sistema educativo, impulsado por el Presidente Obregón, fue reconocer las enormes desigualdades que existían entre la educación urbana y la rural, y superar la resistencia de quienes, como el diputado Luis Espinosa, no aceptaban la nueva visión federalista, para asumir la obligación de la educación rural tal y como lo demandaba Abraham Castellanos.

La base del nuevo esquema federalista de la educación residía en que el gobierno federal la financiaba, destinándole 25% del presupuesto, hecho nunca antes imaginado. El reto, de ninguna manera menor, era construir la equidad en el campo educativo, incluso cuando esa equidad no existía en otros espacios: ni en el económico, ni en el social, en algunos estados ni en el racial y mucho menos en el político. En consecuencia, la idea de homogeneización se sustentó en algo que hoy pareciera inconveniente: un sistema jerarquizado basado en un esquema de valores que no surgieron del consenso sino de la visión del régimen político. Es un hecho que no se llegó, ni se ha llegado aún, a la cobertura universal para la educación básica, fundamento con el que se sustentaba la equidad de dicho sistema.

Existe todavía una gran distancia, respecto a la calidad y cobertura, entre la educación urbana y la rural; no obstante, en cuanto a la educación dirigida a los grupos indígenas la distancia es todavía mayor. Los índices de expulsión siguen siendo muy altos entre los segmentos poblacionales de más bajos ingresos y la capacidad de los alumnos para recorrer todo el sistema educativo sigue siendo desigual ya que, en promedio, 15 % de la población que accede a la primaria no la concluye, 37% abandona la secundaria sin finalizarla y sólo seis de cada 10 alumnos que logran ingresar al bachillerato lo terminan.

Paralelamente, hay regiones y escuelas donde la educación es de gran calidad; no olvidemos que, paradoja al fin, algunas de las escuelas mejor calificadas por los exámenes estandarizados se encuentran en el estado de Chiapas —entidad que se halla entre las que registran los más bajos resultados en el país—; como también hay que decir que muchas escuelas públicas tienen mejor desempeño que las privadas.

Frente a esta realidad y de cara a las nuevas exigencias de nuestra época, hay que aceptar la necesaria reformulación del sistema educativo y, precisamente por lo complejo que esto resultará, dicha transformación tendrá que suceder en dos direcciones. Por un lado, se está obligado a cumplir con lo que no se ha logrado aún, entre otras cosas, la equidad educativa en todas las regiones del país y, por otro lado, es necesario incorporar nuevos instrumentos que permitan un desempeño cualitativamente mejor. Queda claro que la calidad educativa que hoy se reclama deberá ser, como toda calidad, diferenciada de acuerdo con los distintos perfiles de nuestra población, y que ello está asociado con la flexibilidad que el sistema educativo permita y estimule, pero siempre teniendo a la escuela en el centro de las decisiones. Por lo mismo, es muy importante crear las condiciones para que en el terreno de los hechos, el otorgar autonomía no se convierta en una nueva forma de inequidad o de privilegiar a los que más tienen.

Es importante reconocer que solamente concretaremos este doble desempeño del sistema educativo a partir de la reformulación del federalismo educativo. Una vez teniendo clara dicha reformulación se podrán, a través de ella, aplicar los recursos presupuestales, técnicos y de planeación, dirigidos a cumplir metas educativas claramente establecidas, diferenciadas y orientadas tanto a la calidad como a la equidad, de acuerdo con cada diagnóstico y necesidad.

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Artículo publicado en El Universal.